Golpe a la minería ilegal: Fuerzas Armadas desmantelan infraestructura minera en la frontera norte de Ecuador

En un operativo conjunto, las Fuerzas Armadas de Ecuador, con apoyo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCOM), han logrado desmantelar una infraestructura minera ilegal en el sector de El Pablo, en Carchi, incautando equipos y materiales que eran utilizados para actividades clandestinas de extracción de minerales.

Las Fuerzas Armadas, apoyadas por información de Inteligencia Militar, han llevado a cabo con éxito una operación en el cantón de Tulcán, provincia del Carchi, específicamente en la zona de El Pablo, donde se desmanteló una red de minería ilegal. Este operativo, que forma parte de la campaña Operación CAMEX, buscó frenar la explotación ilegal de recursos naturales y proteger el medio ambiente de la región.

Durante el procedimiento, las autoridades confiscaron una serie de equipos y materiales utilizados en la minería ilegal, entre los que se incluyen:

• 16 generadores de electricidad
• 6 taladros industriales
• 4 rotomartillos
• 2 motosierras
• 68 cápsulas de explosivos Famesa Maxam
• 2 rollos de mecha lenta
• 30 tacos de explogel
• 30 tacos de explosivos artesanales
• 4 poleas

El material confiscado fue destruido en el mismo lugar debido a las difíciles condiciones geográficas de la zona, lo que demuestra la complejidad logística de las operaciones en sectores de difícil acceso.

Este operativo se enmarca dentro de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas para combatir las actividades ilegales de minería, un fenómeno que ha crecido considerablemente en Ecuador en los últimos años. La minería ilegal, además de generar un impacto negativo en el medio ambiente, ha incrementado la violencia en las zonas fronterizas, como el Carchi, donde los grupos del crimen organizado están involucrados en la explotación y comercialización de minerales de forma ilícita.

Minería Ilegal y un problema preocupante que va en aumento

La minería ilegal en Ecuador ha escalado a niveles alarmantes en los últimos años. Según datos del Ministerio del Ambiente, en 2022 se registraron 100,000 hectáreas de bosques deforestadas debido a actividades mineras ilegales. En cuanto a la producción de oro, se estima que el 70% de la minería en el país es ilegal, lo que equivale a aproximadamente 4.5 toneladas de oro extraídas de forma ilícita cada año, un valor que supera los 200 millones de dólares anuales.

El impacto de esta actividad ilegal en los recursos hídricos es considerable. El uso de mercurio en los procesos de extracción está contaminando miles de ríos y afluentes en las regiones del Azuay, El Oro, Carchi y Santo Domingo, afectando a más de 100,000 personas que dependen de estos cuerpos de agua para su consumo y actividades productivas.

Según informes de la Policía Nacional, en 2023, las operaciones de minería ilegal se han incrementado en un 25% en comparación con años anteriores, con un aumento significativo de grupos armados que controlan estas zonas, lo que ha derivado en un crecimiento de la violencia. Se estima que los grupos organizados están generando ingresos cercanos a 1,200 millones de dólares al año solo por la comercialización de minerales extraídos de manera ilegal.

Este panorama pone en evidencia la magnitud del problema, que va más allá del simple impacto ambiental y que involucra serias consecuencias sociales y económicas para el país.