Empresas de telecomunicaciones rechazan corte de señal en cárceles por impacto en comunidades cercanas

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones ha manifestado su oposición a la propuesta del Ministro del Interior de Ecuador de bloquear las señales de telefonía móvil en las zonas donde se ubican los centros penitenciarios. Argumentan que esta medida afectaría negativamente a los ciudadanos y negocios cercanos, considerándola inviable.

La Ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció la intención de implementar acciones legales contra las compañías telefónicas que no bloqueen la señal de celulares en las áreas donde se encuentran las cárceles. Esta iniciativa busca prevenir que las telecomunicaciones sean utilizadas para actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios. 

Las empresas de telecomunicaciones sostienen que el bloqueo de señales en las zonas penitenciarias tendría un impacto adverso en las comunidades y negocios aledaños. Señalan que la interrupción del servicio afectaría a ciudadanos que dependen de la comunicación móvil para sus actividades diarias y comerciales, por lo que consideran que la medida no es viable.

¿Qué acciones se han tomado previamente?

El 15 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) firmaron un convenio para inhabilitar los servicios de telecomunicaciones en los Centros de Privación de Libertad (CPL). El objetivo es evitar que las cárceles se conviertan en centros de operaciones del crimen organizado. 

Mientras las autoridades buscan reforzar la seguridad y prevenir delitos coordinados desde las cárceles mediante el bloqueo de señales, las empresas de telecomunicaciones advierten sobre las consecuencias negativas para las comunidades cercanas. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho de los ciudadanos a la comunicación.

La propuesta de bloquear las señales de telefonía móvil en áreas penitenciarias ha generado un debate entre las autoridades y las empresas de telecomunicaciones en Ecuador. Mientras el gobierno busca implementar medidas para combatir el crimen organizado dentro de las cárceles, las compañías alertan sobre el impacto que estas acciones podrían tener en la población y en la actividad económica de las zonas afectadas.