El icónico cuerpo de agua atraviesa una crisis ambiental crítica por el vertido constante de aguas residuales y la inacción municipal.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra la Alcaldía de Otavalo debido a la grave contaminación que afecta al Lago San Pablo, uno de los principales símbolos naturales de la provincia de Imbabura y patrimonio ambiental del país.
Según evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Zonal 1 del MAATE, el nivel de contaminación del lago alcanza un alarmante 7 sobre 10, lo que lo ubica en una categoría crítica. La principal causa: el vertido constante de aproximadamente 68.000 litros de aguas residuales por hora directamente al lago, sin ningún tipo de tratamiento previo. Esta situación se ve agravada por el hecho de que 14 plantas de tratamiento ubicadas en la cuenca del lago se encuentran actualmente fuera de operación.
Alcaldía en la mira
A pesar de conocer esta problemática, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, no ha presentado hasta el momento un plan de acción concreto para frenar el deterioro del lago. Este incumplimiento ha motivado la acción legal del MAATE, amparada en el artículo 151, literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamientos del Agua, que tipifica como infracción muy grave el vertido de aguas contaminadas al dominio hídrico público sin tratamiento.
De comprobarse la infracción, el Municipio de Otavalo podría enfrentar una multa de hasta once salarios básicos y otras sanciones administrativas. Además, las autoridades no descartan consecuencias penales para los responsables.
Inspección técnica y advertencia
Durante una reciente visita al lago, la viceministra de Ambiente, María Luisa Cruz, acompañada de técnicos de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), supervisó la toma de muestras en puntos estratégicos para evaluar el impacto ambiental real. Esta información servirá de sustento técnico para el proceso sancionatorio.
El gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, fue categórico al señalar que «se aplicará todo el peso de la ley» contra quienes resulten responsables de este daño ecológico, y advirtió que no se tolerará la negligencia en la protección de recursos naturales.
Silencio municipal y riesgo patrimonial
Hasta el cierre de esta nota, la Alcaldía Ciudadana de Otavalo no ha emitido una respuesta oficial sobre el proceso ni ha atendido los requerimientos de la prensa.
El MAATE ha concedido un plazo de una semana al Municipio para presentar sus descargos y evidenciar las acciones realizadas para mitigar la contaminación del lago.
Esta crisis ambiental pone en riesgo no solo el ecosistema local, sino también el reconocimiento de la UNESCO que desde 2019 declara a la zona como parte del Geoparque Mundial Imbabura. Las autoridades esperan que estas medidas detengan el deterioro del lago San Pablo y contribuyan a su recuperación.

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