Desvincular a un servidor público ya no costará lo mismo. La nueva Ley de Integridad Pública permite al Gobierno reducir la compensación por despido, lo que podría afectar a miles de empleados del sector público.

Desde el 26 de junio de 2025, el Estado ecuatoriano puede reducir el monto que paga por despidos de empleados públicos. Esto es posible gracias a la nueva Ley de Integridad Pública, que reforma la compensación por supresión de puestos.
¿Qué cambió con la nueva ley?
Antes, el Estado debía pagar cinco salarios básicos por cada año trabajado cuando se eliminaban puestos. Ahora, con la reforma, ese valor podrá modificarse, lo que podría representar un ahorro fiscal.
Aunque el 73% del presupuesto en sueldos se destina a empleados de sectores clave como Salud, Educación, Defensa y Policía Nacional, el Gobierno podría reducir personal en otras áreas del sector público.
El gasto proyectado en sueldos para 2025 es de USD 9.700 millones, casi el 9% del PIB del país. Con la nueva ley, el Estado busca optimizar estos recursos.
La supresión de puestos solo puede aplicarse por razones técnicas, funcionales o económicas. El proceso debe contar con el aval de los Ministerios de Trabajo, Finanzas y la institución correspondiente.
Además, la ley prohíbe que una vez eliminado un puesto, este sea creado nuevamente en un plazo de dos años, salvo justificación técnica. Tampoco se podrán firmar contratos ocasionales con la misma denominación en el mismo ejercicio fiscal.
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