Seis agentes enfrentan la justicia porque policías vendían armas a bandas criminales en Ecuador. El proceso judicial, conocido internamente como «Depuración Azul», tendrá su audiencia clave el próximo 24 de febrero de 2026. Los uniformados ya admitieron su culpabilidad para intentar reducir su condena.
La red delictiva operaba desde el corazón de la institución policial. Los implicados desviaban armamento estatal y municiones para entregarlas a grupos de delincuencia organizada. Actualmente, los seis oficiales permanecen en prisión preventiva tras fallar en sus intentos de libertad.
¿Cómo operaba la red que vendía armas estatales?
La investigación de la Fiscalía General del Estado señala a un cabo primero, alias «Topo», como el cabecilla. Él trabajaba en el guarda-almacén de la Dirección de Logística. Desde allí, sustraía el material bélico, incluyendo suministros donados por la embajada de Estados Unidos.
El esquema de distribución funcionaba mediante encomiendas y taxis. Los agentes enviaban las municiones a otros cómplices en servicio activo y pasivo. Finalmente, los artefactos llegaban a bandas peligrosas como Los Tiguerones, Freddy Kruger y Mafia 18.
Los precios del mercado negro policial
El desvío de estos recursos generaba grandes ganancias ilícitas. Según los chats extraídos de los celulares de los agentes, los costos eran los siguientes:
- Municiones: USD 5 por cada bala.
- Armas de fuego: Entre USD 1.000 y USD 7.500, dependiendo del tipo.
Este caso demuestra que los propios policías venden armas a bandas que luego atentan contra la seguridad ciudadana. La red utilizaba incluso tiendas virtuales para comercializar las balas de forma clandestina.
Detalles de la audiencia y posible condena
Los acusados se acogieron a un proceso abreviado. Este recurso legal les permite aceptar los cargos a cambio de una pena menor. Los oficiales esperan recibir una sentencia de apenas 27 meses de prisión. El juez de la causa ratificó que los implicados deben seguir en la cárcel hasta el día de la audiencia.
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