
Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Ejército Ecuatoriano, iniciaron la «Operación Impacto», un contundente ataque por aire y tierra destinado a desmantelar nuevas estructuras de minería ilegal en Imbabura. Esta intervención militar, que forma parte de la fase estratégica denominada Ofensiva Total, busca neutralizar a los grupos armados organizados que intentan reubicarse en zonas alejadas de la parroquia de Buenos Aires, tras la masiva toma de control territorial ejecutada por los militares en octubre de 2025.
Fuego aéreo y artillería pesada en 212 hectáreas
Para ejecutar esta incursión táctica, los uniformados desplegaron un importante arsenal. Mediante el uso coordinado de morteros de 81 mm, sistemas de lanzadores múltiples BM-21 y fuego aéreo proporcionado por aeronaves de la Aviación del Ejército, las tropas intervinieron un área aproximada de 212 hectáreas.
Las operaciones se concentran específicamente en los sectores de El Verde, La Visera y El Cristal. Estos puntos geográficos forman parte de la conflictiva zona minera norte, un corredor estratégico que abarca áreas de Carchi, Imbabura y Esmeraldas.
Por consiguiente, el uso de este poder bélico está enfocado en debilitar de forma directa la capacidad operativa de las mafias, destruyendo sus campamentos clandestinos, bocaminas y toda la estructura logística empleada para sostener sus actividades ilícitas.

Control territorial sostenido
Además de los bombardeos controlados en los nuevos puntos de minería, las autoridades castrenses confirmaron que estas acciones se desarrollan en sectores distintos a los que ya fueron intervenidos a finales del año pasado.
En aquellos territorios previamente recuperados en Buenos Aires, la presencia de las Fuerzas Armadas se mantiene firme. El objetivo es consolidar el control del Estado en la zona e impedir cualquier intento de reactivación de este delito ambiental y económico.
El objetivo: asfixiar las economías criminales
Finalmente, la Operación «Impacto» representa la continuidad de una estrategia sostenida por el Estado ecuatoriano para recuperar espacios secuestrados por la delincuencia. Al destruir la infraestructura de extracción, se busca frenar la expansión de las economías criminales y cortar el flujo de financiamiento de los grupos armados en la frontera norte.


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