Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, la violencia de género cobró la vida de al menos 78 mujeres y niñas, lo que equivale a un asesinato cada 22 horas. Las alarmantes cifras de los feminicidios en Ecuador fueron reveladas por la Fundación Aldea y evidencian no solo la gravedad del problema estructural, sino también la conexión con los sistemas criminales que operan en diversas provincias del país.
El impacto del crimen organizado y perfiles de las víctimas
De los 78 casos documentados por las organizaciones de la sociedad civil, 52 están vinculados a dinámicas criminales, mientras que 21 corresponden a feminicidios íntimos, familiares o sexuales. Además, el reporte subraya la alta vulnerabilidad de grupos específicos, contabilizando cinco mujeres trans y siete niñas o adolescentes asesinadas.
La edad más frecuente de las víctimas es de 20 años, aunque el rango general de los casos oscila entre los 9 y los 83 años. Detrás de estas estadísticas hay realidades desgarradoras: 17 de las mujeres eran madres, tres de ellas estaban embarazadas y 15 menores de edad quedaron en situación de orfandad.
Asimismo, los datos evidencian fallas en el sistema de protección estatal. El monitoreo señala que en al menos cuatro casos existían antecedentes de violencia previamente reportados, cinco víctimas habían sufrido abuso sexual y una de las mujeres asesinadas ya contaba con una boleta de auxilio.
Guayas, Los Ríos y El Oro lideran los índices de violencia
El reporte de la Alianza Feminista muestra un patrón territorial muy marcado, concentrando la mayoría de las muertes violentas en la región Costa. Guayas encabeza la lamentable lista con 19 víctimas fatales por razones de género.
Le siguen de cerca las provincias de Los Ríos y El Oro, con 13 casos cada una, y Manabí con 11. Este patrón territorial ya se advertía en los informes de 2025, donde quedó expuesta la relación directa entre el incremento de estos crímenes y los territorios atravesados por el crimen organizado.
El uso de armas y el subregistro de transfeminicidios
La Fundación Aldea sostiene que la ola criminal que atraviesa el país es, de manera paralela, una ola feminicida. Esto se respalda con datos del año pasado, cuando el 78% de los crímenes de género se cometieron con armas de fuego, demostrando cómo el acceso a armamento intensifica la letalidad contra las mujeres.
Por otro lado, el registro autónomo insiste en la urgencia de visibilizar los cinco transfeminicidios ocurridos a inicios de 2026. Ante el vacío legal y de protocolos de investigación, se exige a la justicia ecuatoriana avanzar en la tipificación de este delito para garantizar una correcta judicialización.
Frente a esta crisis de los feminicidios en Ecuador, las organizaciones civiles demandan a las autoridades declarar alertas inmediatas en las provincias con mayor incidencia. Finalmente, exigen fortalecer las políticas de prevención y aplicar mecanismos de investigación con verdadero enfoque de género, además de instar a los medios a tratar estos hechos con el contexto adecuado para evitar la revictimización.

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