
Este jueves 2 de abril de 2026, la justicia ecuatoriana dejó sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el caso Goleada. Sin embargo, a pesar de este fallo favorable en la Corte Provincial de Pichincha, el funcionario no recuperará su libertad. Esto ocurre debido a que mantiene vigente una segunda orden judicial de privación de libertad vinculada a otra investigación en curso, conocida como el caso Triple A.
Así se desarrolló la audiencia judicial
La diligencia en la Corte Provincial de Pichincha se reinstaló pasadas las 09:30 de la mañana. Previamente, esta audiencia había quedado suspendida el 30 de marzo de 2026, luego de que el primer juez a cargo del proceso se declarara incompetente para resolver la apelación del burgomaestre.
Aproximadamente 40 minutos después de iniciada la nueva sesión, la magistrada emitió su resolución. Al arranque de la cita, la defensa de Alvarez intentó solicitar la nulidad absoluta del proceso, argumentando un supuesto doble juzgamiento relacionado con el delito de lavado de activos.
No obstante, la jueza rechazó este planteamiento al determinar que no existía tal vulneración de derechos constitucionales. Además, la autoridad judicial descartó la aplicación del fuero de corte para el procesado, señalando que los presuntos delitos investigados no guardan relación con sus funciones oficiales.
A pesar de rechazar el pedido de nulidad y el fuero, la jueza decidió acoger el recurso de apelación de la defensa y, en consecuencia, resolvió levantar la medida cautelar de prisión preventiva dictada en este expediente específico.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Goleada?
En el denominado caso Goleada, la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de delincuencia organizada. Según la teoría de la entidad, existiría un entramado empresarial liderado presuntamente por los hermanos Alvarez Henriques. El objetivo final de esta red habría sido cometer actos de lavado de activos y defraudación tributaria.
Durante el avance de las investigaciones, el Ministerio Público ha incorporado nuevos elementos de convicción al expediente. Entre ellos, destacan diversas conversaciones extraídas de chats que vincularían a otros actores políticos y empresariales en la trama, incluyendo al legislador Raúl Chávez.
La situación penitenciaria y el caso Triple A
A pesar del dictamen emitido este jueves, la situación legal de Aquiles Alvarez sigue siendo compleja. El alcalde continuará recluido debido a la prisión preventiva que se le dictó en la investigación paralela por el caso Triple A, vinculada a una presunta red de comercialización irregular de combustibles.
En el marco de ese segundo proceso judicial, el pasado 8 de marzo de 2026, el funcionario fue trasladado bajo estrictas medidas hacia la Cárcel del Encuentro, ubicada en Latacunga.
De acuerdo con la versión oficial expuesta por el ministro del Interior, John Reimberg, este traslado penitenciario se ejecutó por razones netamente de seguridad. La decisión gubernamental se fundamentó en un informe de inteligencia reservado emitido por el SNAI.
En conclusión, el reporte advertía sobre posibles riesgos inminentes contra la integridad física del alcalde si permanecía en el centro de rehabilitación previo. Por lo tanto, mientras la justicia no resuelva su situación jurídica en el caso Triple A, el burgomaestre permanecerá bajo la custodia del Estado, a la espera de las siguientes etapas procesales.

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