
La provincia de Pichincha, que actualmente cuenta con ocho cantones, podría sumar una novena jurisdicción en su mapa político. Esto se debe al proyecto de cantonización Valle del Ilaló, impulsado por una junta cívica local que busca separar a nueve parroquias del nororiente del Distrito Metropolitano de Quito. Los dirigentes argumentan un abandono por parte de las autoridades capitalinas y persiguen una autonomía administrativa, financiera y territorial definitiva para más de 250.000 habitantes.
El camino para independizar el Valle de Tumbaco
La iniciativa es liderada por la Junta Cívica Procantonización del Valle del Ilaló, presidida por Juan Fernando Serrano. Según su propuesta, el nuevo cantón agruparía a las parroquias de Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa y El Quinche.
En este sentido, Serrano argumenta que estas localidades conforman el polo de desarrollo más importante del Distrito Metropolitano. Sin embargo, asegura que han enfrentado un olvido institucional por más de 20 años.
«Esto ha sido una degradación de territorio; la ciudad no se abastece y es una tramitología tremenda», opinó el dirigente. Además, justificó que el trabajo de la actual administración zonal no llena las expectativas de los residentes, por lo que buscan descentralizar la atención pública.
Requisitos legales para un nuevo cantón
Convertir este proyecto en una realidad no es una tarea rápida. De hecho, el proceso requiere la aprobación de varias instancias gubernamentales antes de llegar a las urnas mediante un referéndum ciudadano.
Por un lado, se necesita un informe favorable del Gobierno Provincial de Pichincha y de la Secretaría Nacional de Planificación. Una vez superada esa fase técnica, quien ejerza la Presidencia de la República deberá impulsar la consulta popular en las parroquias involucradas.
Si el «Sí» llegara a ganar en las urnas, el Primer Mandatario tendría que remitir un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. De ser aprobado, el nuevo cantón (que tentativamente se llamaría Ilaló o Tumbaco) elegiría a su propio alcalde y concejales.
Presupuesto e impacto territorial: ¿Es viable?
En términos financieros, los promotores de la separación tienen proyecciones claras. Por ejemplo, afirman que con la recaudación de impuestos prediales y otros tributos generarían unos $24 millones anuales.
Adicionalmente, si se suman las asignaciones estatales correspondientes, el presupuesto de este eventual cabildo podría bordear los $65 millones.
Por otra parte, la organización plantea comenzar desde cero con un «municipio digital» y una nómina reducida. Su objetivo es cumplir a cabalidad con la reforma al Cootad que exige destinar el 70 % de los recursos a inversión en obra pública y solo un 30 % al gasto corriente.
Respecto al impacto territorial, los límites del nuevo cantón colindarían con el Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Quijos y El Chaco. Aunque el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, ubicado en Tababela, pasaría físicamente a esta nueva jurisdicción, Serrano aclaró que se respetará el contrato vigente que la terminal tiene con la capital.
Visiones opuestas sobre el futuro de la capital
Mientras la Junta Cívica avanza con su recolección de apoyo, existen posturas contrarias que defienden la unidad de Quito y proponen otras vías para solucionar los problemas de gestión.
El exalcalde Paco Moncayo, por ejemplo, señala que el problema de la capital es netamente estructural. En su visión, la clave para manejar una ciudad de tres millones de habitantes es organizar mejor el territorio, creando «alcaldías menores» en las actuales administraciones zonales.
Por su parte, Daniela Chacón, coordinadora de la iniciativa ciudadana Quito Cómo Vamos, coincide en la necesidad de crear más administraciones zonales. No obstante, advierte que esto requiere una transformación real de las competencias.
Finalmente, Chacón precisa que los administradores zonales deberían ser designados con apoyo ciudadano y contar con capacidad de decisión in situ. A su juicio, la única forma de lograr este cambio integral es mediante la aprobación del Estatuto Autonómico de Quito.
Mientras se debate el futuro de la división política capitalina, la propuesta de independizar el valle sigue sumando capítulos. Actualmente, el proyecto depende de los informes técnicos pendientes y de la voluntad política del Gobierno Central para avalar, o frenar, el llamado a las urnas que cambiaría definitivamente la historia de Pichincha.

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