Reglamento para cárceles en Ecuador: Noboa endurece el control penitenciario con el Decreto 366

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el pasado 22 de abril de 2026 el Decreto Ejecutivo 366, con el cual entra en vigencia el nuevo reglamento para cárceles en Ecuador. Esta medida, que deroga la normativa aplicada desde el año 2020, busca retomar el control estatal, implementar inteligencia penitenciaria y reducir la violencia en los centros de privación de libertad a nivel nacional, marcando un giro en la gestión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

Mayores controles tecnológicos y de seguridad

Uno de los ejes principales del nuevo reglamento es el uso de la tecnología para neutralizar las operaciones del crimen organizado desde el interior de las prisiones. Se establece la obligatoriedad de implementar y mantener operativos inhibidores de señal de telecomunicaciones de forma permanente.

Además, la normativa endurece el monitoreo de los internos. A partir de ahora, las comunicaciones, así como las visitas familiares e íntimas, podrán ser registradas, supervisadas y grabadas si existen riesgos de seguridad. Los reos estarán obligados a entregar una lista de sus contactos y se creará un registro detallado de cada llamada telefónica.

Otra prohibición estricta que incorpora el Decreto 366 es la tenencia y circulación de dinero en efectivo dentro de las instalaciones carcelarias. Cualquier transacción deberá realizarse bajo nuevos lineamientos institucionales, buscando eliminar las extorsiones y economías ilícitas dentro de los pabellones.

Inteligencia penitenciaria y clasificación de internos

El Gobierno introduce formalmente el concepto de «inteligencia carcelaria», una división dedicada a anticipar motines, identificar vínculos criminales y prevenir delitos planificados desde las celdas.

Para evitar la contaminación criminológica, el nuevo modelo informático clasificará obligatoriamente a los privados de libertad. El sistema separará a los internos según su nivel de peligrosidad (máxima, media y mínima seguridad), garantizando que procesados no convivan con sentenciados y aislando a aquellos considerados de alto riesgo bajo un régimen especial.

Asimismo, se crean centros y pabellones de retención exclusivos para deudores de pensiones alimenticias y contraventores, protegiendo su integridad frente a reos ligados a mafias estructuradas.

Reorganización del SNAI y traslados inmediatos

El reglamento restructura la jerarquía penitenciaria. Un nuevo organismo técnico rector tomará el control total de las políticas del sistema, dejando al SNAI únicamente como el ente ejecutor. Esto también centraliza la concesión de beneficios penitenciarios, evitando que las decisiones dependan discrecionalmente de los directores de cada centro.

Frente a escenarios de crisis o violencia inminente, el Estado ahora tiene la facultad de realizar traslados emergentes y masivos de internos por razones de seguridad, sin la necesidad de contar con una orden escrita previa, la cual podrá ser validada posteriormente para agilizar las respuestas tácticas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Próximos pasos para el sistema de rehabilitación

El impacto de este nuevo reglamento dependerá de la capacidad operativa y presupuestaria del Estado para implementar la tecnología y reorganizar a la población penitenciaria en los plazos previstos. Con la vigencia inmediata del Decreto 366, el Gobierno ecuatoriano enfrenta el desafío no solo de mantener el orden y combatir las estructuras delincuenciales intra muros, sino también de garantizar procesos reales de rehabilitación, impulsando proyectos productivos y educativos que permitan la reinserción social de quienes cumplan sus penas.