Grave denuncia por presuntas irregularidades en el catastro de Cayambe

Un ciudadano identificado como Hernán Arellano, ha encendido las alarmas en el cantón tras denunciar públicamente la eliminación arbitraria de su clave catastral y la adjudicación presuntamente ilegal de sus tierras a terceros. El afectado acusa a funcionarios de la actual administración municipal de vulnerar su derecho a la propiedad privada, operando en la opacidad del sistema informático.

El origen del conflicto: Lote de la Hacienda La Victoria

El ciudadano, quien afirma ser el propietario legítimo del lote F en la partición de la hacienda La Victoria desde el año 2005, señaló que el problema salió a la luz de forma inesperada. Al intentar pagar sus impuestos correspondientes a este periodo, descubrió la alteración en los registros municipales.

«El problema se suscitó porque hasta el año anterior yo pagué el impuesto con un número y clave catastral (…) pero a mi sorpresa, en la pantalla del sistema informático del municipio ya no se reflejaba», explicó el afectado durante una entrevista concedida al medio local STV Canal 6.

Adjudicaciones a personas vinculadas a la municipalidad

Tras solicitar explicaciones formales, la Dirección de Avalúos y Catastros, actualmente dirigida por Jaime Farinango, justificó los cambios argumentando un supuesto conflicto de tierras y «nuevas adjudicaciones» que habrían fraccionado sus 23 hectáreas originales.

Sin embargo, lo más alarmante de esta denuncia es la presunta identidad de los nuevos beneficiarios. Según los documentos expuestos por el ciudadano, las nuevas claves catastrales estarían a nombre de familiares y personal del círculo cercano del actual alcalde, el Dr. Alberto Masapanta.

Entre los nombres señalados en el sistema figuran Esperanza Masapanta Cobacango y Segundo Lino Collago Churaco, quien se desempeñaría como chofer del burgomaestre. «Esta situación ha sido embarazosa y no solo abusiva y arbitraria», sentenció el denunciante. Además, el mismo nombre del alcalde, Alberto Masapanta, figura en las nuevas claves. Cada una de estas tres personas están con una extensión superior a las 3 hectáreas.

Por otro lado, el denunciante indicó que recientemente se le ha otorgado una nueva clave catastral de su predio pero con la extensión de 17 hectáreas, en lugar de las 23. Además, indicó que no le dan miedo las represalias administrativas, pero que por fuentes extraoficiales se estaría pretendiendo utilizar a la «Justicia Indígena» como camino para validar esa resta de extensión del terreno señalado.

Acciones legales y auditoría ante la Contraloría

Frente a este escenario, el afectado, quien asegura contar con las escrituras matrices y el certificado actualizado del Registro de la Propiedad, anunció que no cederá ante posibles presiones. Por el contrario, elevará el caso a los máximos organismos de control del Estado.

«Voy a seguir denunciando ante las autoridades competentes. Esto significa que voy a ir a la Contraloría General del Estado», afirmó. Además, advirtió sobre el uso distorsionado de los trámites de regularización de barrios para despojar de tierras a dueños legítimos en las zonas rurales del cantón.

Este caso de presuntas irregularidades administrativas pone bajo la lupa la seguridad jurídica y la transparencia del catastro de Cayambe. En el marco del contraste periodístico, la ciudadanía se mantiene a la expectativa de un pronunciamiento oficial y documentado por parte de la Alcaldía para esclarecer estas graves acusaciones.