Organizaciones indígenas de Cayambe emiten resoluciones territoriales contra el sellado de buses

El conflicto por la movilidad en el cantón Cayambe ha escalado a una instancia jurisdiccional propia de los pueblos y nacionalidades. Tras la implementación del sellado obligatorio de puertas en el transporte interprovincial —derivado de una sentencia de Acción de Protección—, las estructuras organizativas del territorio han respondido con resoluciones en firme para proteger los derechos de sus comuneros.

La medida judicial, que buscaba regular el transporte en el casco urbano, ha sido calificada por los dirigentes indígenas como una «exclusión social y territorial» que ignora la realidad de quienes dependen de estas unidades para educación, salud y comercio.

Resoluciones de las organizaciones territoriales

Ante el impacto negativo reportado desde el inicio de la medida, cada organización ha emitido mandatos específicos basados en sus competencias de justicia indígena y derechos colectivos:

1. Confederación del Pueblo Kayambi (CPK)

La máxima instancia del pueblo Kayambi resolvió activar de inmediato los mecanismos de defensa jurídica ante el Tribunal de Alzada (Corte Provincial) para buscar la revocación de la sentencia. Además, la asamblea determinó:

• Exigir la apertura de un diálogo intercultural obligatorio, denunciando que el juez constitucional falló al no consultar a las comunidades afectadas.
• Declarar el derecho a la resistencia como última instancia en caso de que las autoridades persistan en una medida que pone en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores.

2. Corporación de Organizaciones Indígenas de Olmedo y Ayora (COINOA)

A través de un acta de resolución de sus jueces indígenas, COINOA determinó la inaplicabilidad de la sentencia para operadoras como la cooperativa «24 de Junio», argumentando que, al no haber sido demandadas, los efectos de la sentencia no les alcanzan. Otras resoluciones incluyen:

• Ante la ausencia del Alcalde de Cayambe y del Gerente de la Empresa de Movilidad —quienes fueron convocados a la asamblea comunitaria pero no asistieron – fueron declarados en «rebeldía».
• Exigir que el Municipio y la Empresa de Movilidad acaten las disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la cual ratificó que el sellado de puertas no es un mecanismo de control contemplado en la ley.
• Notificar formalmente a la Policía Nacional y autoridades municipales para que cesen los operativos de sellado de manera inmediata bajo advertencia de desobediencia a la justicia indígena.

3. Federación de Organizaciones Populares Ayora – Cayambe (UNOPAC)

La federación emitió un Aval y Respaldo Comunitario formal a la «Compañía de Transportes Imbaburapak», reconociendo sus 30 años de servicio continuo. Su resolución se enfoca en:

• Validar la legitimidad y operatividad de la compañía como un servicio esencial para las 11 comunidades y 3 asociaciones que integran la organización.
• Instar a las autoridades a realizar una ponderación del impacto social antes de ejecutar medidas administrativas, priorizando el derecho al trabajo y a la movilidad sobre intereses particulares de otras operadoras.

Vulneración de derechos y falta de diálogo

El hilo conductor de todas las resoluciones es la denuncia de una falta de sensibilidad social por parte del sistema judicial y el GAD Municipal. Los testimonios recogidos en las asambleas describen a pasajeros —incluyendo estudiantes y agricultores con carga— siendo obligados a desembarcar en el terminal, lo que incrementa sus costos de transporte y los expone a la inseguridad.

Las organizaciones coinciden en que la defensa de la movilidad no es solo una cuestión de tránsito, sino una lucha por la dignidad de las comunidades que históricamente han sido marginadas de las decisiones que afectan su vida cotidiana en el cantón Cayambe.