
Cayambe, jueves 28 de mayo. La Asociación de Campesinos «El Prado No. 1» denunció formalmente a la administración actual del GADIP Cayambe. Los comuneros señalan un presunto intento municipal por anular sus títulos de propiedad legítimos. Este conflicto legal surgió tras la emisión de la Resolución Ejecutiva No. 029-GADIPMC-DA-2026. Dicha medida buscaría invalidar las claves catastrales y los planos de partición aprobados en 2022. Esta acción administrativa pondría en riesgo la regularización de tierras en Cayambe que benefició a cientos de familias comuneras.
Una amenaza directa a la seguridad jurídica
En diciembre de 2022, el municipio entregó 316 escrituras a las asociaciones El Prado 1 y 2. El proceso se amparó correctamente en el artículo 486 del COOTAD para sanear predios proindivisos. Actualmente, la ley prohíbe a las municipalidades revertir o anular estos actos de partición administrativa. Los afectados sostienen que la facultad del municipio para revisar estas resoluciones caducó en agosto de 2025. Por lo tanto, cualquier intento de anulación por parte del alcalde resulta ilegal y arbitrario, según la misma denuncia.

Conflicto de intereses del alcalde Alberto Masapanta
Los campesinos cuestionan fuertemente el rol ético del alcalde Alberto Masapanta en este caso. El actual burgomaestre trabajó anteriormente como el abogado patrocinador de esta misma asociación. Debido a esto, la comunidad denuncia que Masapanta actúa hoy como «juez y parte». Según la denuncia, la estructura municipal ahora favorece intereses económicos de terceros ajenos a la comunidad.

La Asociación El Prado No. 1 califica el actuar municipal actual como una «flagrante traición». Los comuneros denuncian una «embestida ilegal orquestada» que utiliza la estructura del GADIP Cayambe como una «herramienta de persecución». Según el gremio, la municipalidad ejecuta un plan para anular sus escrituras y favorecer «intereses económicos oscuros» de terceros. Los afectados acusan al burgomaestre de actuar como «juez y parte» para despojar a cien familias de su patrimonio legítimo. Por esta razón, la comunidad se declara en «alerta máxima» contra este presunto «escamoteo de tierras» motivado por «apetitos personales».
Resistencia comunitaria y acciones legales urgentes
La Asociación El Prado No. 1 ya interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Los afectados solicitan medidas cautelares urgentes para proteger sus terrenos y viviendas. Además, la comunidad advirtió que defenderá su patrimonio mediante el uso de la fuerza comunitaria. Los líderes también elevarán sus quejas ante la Fiscalía General y la Presidencia de la República.
La comunidad de El Prado se mantiene en alerta máxima ante la posible pérdida de sus hogares y tierras productivas. Mientras el Tribunal resuelve la demanda, los campesinos exigen que el GADIP Cayambe respete la ley y la seguridad jurídica de sus títulos. Los próximos días serán decisivos para determinar si prevalece la resolución municipal o los derechos de propiedad exigidos por las familias campesinas.



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