El déficit energético obliga al Gobierno a racionar el suministro del sector productivo, a la par que salen a la luz presuntas presiones ministeriales para adjudicar contratos de barcazas de emergencia.
El Gobierno ecuatoriano ordenó la desconexión eléctrica de 185 grandes industrias un día a la semana para mitigar la actual crisis eléctrica en Ecuador. En paralelo, recientes filtraciones documentales apuntan a la exministra de Energía, Inés Manzano, por presuntas injerencias irregulares para acelerar millonarios contratos de barcazas.
Racionamiento drástico para salvar las reservas hídricas
Desde el 22 de septiembre de 2026, la prolongada sequía y la caída alarmante en la cota del embalse de Mazar obligaron a las autoridades energéticas a ejecutar un plan de restricción industrial sin precedentes recientes. Las empresas catalogadas como altos consumidores, pertenecientes a los grupos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2), deben apagar sus maquinarias vinculadas a la red pública durante 24 horas cada semana.
El Estado persigue una meta técnica innegociable: alcanzar un ahorro de 1 gigavatio hora (GWh) diario. Esta reserva temporal resulta indispensable para postergar un colapso generalizado del Sistema Nacional Interconectado y sostener el abastecimiento residencial.
Las opciones del sector productivo
Los gremios empresariales asumen el racionamiento con resignación, pero alertan sobre un golpe inminente a la economía nacional. Para mitigar la parálisis productiva, el Ministerio de Ambiente y Energía habilitó tres alternativas: la reducción sostenida de carga técnica, la reorganización extrema de los turnos laborales y la migración total hacia sistemas de autogeneración a diésel.
Los analistas económicos proyectan que este choque logístico incrementará los costos de operación industrial, lo que podría traducirse en inflación de bienes de primera necesidad y riesgo para miles de empleos formales a mediano plazo.
Filtración expone presunta injerencia estatal
Mientras el sector productivo absorbe el golpe de los apagones, el manejo de las políticas energéticas pasadas enfrenta un crudo escrutinio público. Medios de comunicación divulgaron recientemente conversaciones de WhatsApp correspondientes a finales de 2024 que evidenciarían presiones directas ejercidas por la entonces ministra Inés Manzano.
De acuerdo con los mensajes, la exfuncionaria habría coaccionado a la gerencia de la empresa pública Elecaustro para garantizar la adjudicación de un contrato de generación flotante a favor de la multinacional turca Karpowership. Los chats muestran presuntas amenazas de destitución dirigidas a los abogados y técnicos de la empresa estatal que buscaban respetar los plazos previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. “¿Qué le pasa a su jurídica?”, escribió Manzano en uno de los intercambios publicados.
El debate sobre la soberanía jurídica y penal
La mayor controversia radica en la flexibilización de los requisitos legales. El cuerpo normativo ecuatoriano exige la domiciliación nacional de cualquier proveedor del Estado; sin embargo, debido a la presunta presión desde la cartera de Estado, Karpowership firmó el acuerdo en enero de 2025 manteniendo su domicilio oficial en Singapur.
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