Funcionaria del Municipio de Cayambe Sentenciada a Prisión por Abuso de Confianza

María Augusta R., funcionaria del Municipio de Cayambe, fue sentenciada a un año de prisión por presunto abuso de confianza, mientras su defensa, a cargo del Comisario Municipal del mismo municipio, enfrenta cuestionamientos.

María Augusta R., funcionaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cayambe (GADIP MC), fue sentenciada a un año de prisión y una multa de cuatro salarios básicos unificados, además de una reparación integral de $65,000 dólares, por el presunto delito de abuso de confianza. La sentencia, emitida el 22 de enero de 2025, ha generado controversia no solo por la condena, sino también por el patrocinio legal de Álvaro Orellana Reinoso, abogado y Comisario Municipal del mismo municipio, quien está defendiendo a una servidora pública en su proceso de apelación, lo que ha levantado cuestionamientos.

María Augusta, quien se desempeña como Auxiliar de Calidad Ambiental asignada en Dirección de Seguridad Ciudadana del GADIP MC, fue acusada de haber causado un perjuicio económico de $138,000 dólares a la empresa Importadora Agro Ecuador RUESVI Cía. Ltda., donde laboraba antes de su ingreso al municipio. Sin embargo, la sentencia ha sido cuestionada por la defensa, que argumenta que las pruebas presentadas no cumplen con los estándares legales, ya que los documentos peritados fueron elaborados sin la participación de implicada y se relacionan con funciones que nunca desempeñó.

Defensa

El caso ha tomado un giro polémico debido a la participación de Álvaro Orellana Reinoso, quien, además de ser el abogado defensor de María Augusta, ocupa el cargo de Comisario Municipal en el GADIP MC. Esta doble función ha generado cuestionamientos, ya que el Artículo 330 del Código Orgánico de la función Judicial establece que los abogados deben ejercer la profesión ateniéndose a la ética y al profesionalismo.

Orellana, en su rol de Comisario Municipal tiene la responsabilidad de velar por el bienestar municipal frente al comercio informal. Esta doble función como abogado y comisario podría influir en su capacidad para defender de manera imparcial a una servidora pública de la misma institución.

Recurso de Apelación y Solicitudes de la Defensa

La funcionaria ha presentado un recurso de apelación para que su caso sea revisado por un tribunal de alzada. Además, ha solicitado copias del audio de la audiencia de juicio y de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía y el abogado de la acusación particular. La defensa argumenta que no se ha cumplido con la carga probatoria necesaria para sustentar la condena y que existen contradicciones en el monto del perjuicio señalado en el peritaje y el reflejado en la sentencia.

Toda la documentación, de dominio público, fue extraída de https://consultas.funcionjudicial.gob.ec/