Abigeato en Caluquí: comunidades indígenas asumieron el caso y generaron polémica por manejo de la información

Ángel Campués, participante del proceso, explica los hechos del 20 de mayo de 2025, cuando un operativo policial en el sector de San Pablo del Lago, culminó con la detención de varios individuos en posesión de seis cabezas de ganado presuntamente robadas. El caso de abigeato fue derivado por el Pueblo Kayambi a las comunas de Topo y Ugsha, donde fue tramitado mediante justicia comunitaria. Posteriormente, surgieron reclamos de transparencia, acusaciones de asesoría no reconocida y pedidos de acceso a la resolución emitida durante el proceso dado en la comunidad Caluquí (Imbabura).

Operativo policial permitió detener a sospechosos de abigeato

La madrugada del 20 de mayo, entre las 2:00 y 3:00 horas, agentes de la Policía Nacional realizaban un patrullaje rutinario cuando observaron un vehículo con actitud sospechosa en San Pablo del Lago. Según testimonios, los ocupantes intentaron huir del sitio al notar la presencia policial, siendo detenidos posteriormente en la vía E35.

“Esas seis cabezas de ganado, tres se habían trasladado a su sitio y tres estaban en ese momento. La policía, en un operativo rutinario, detectó un vehículo con condiciones raras… Al verse con la presencia de la Policía Nacional, empezaron a huir… y allí es donde los aprendieron.”

En el interior del vehículo se encontraron tres de las seis reses sustraídas, mientras que las otras ya habían sido movilizadas a otro lugar.

Comunas de Topo y Ugsha asumieron el caso bajo derecho indígena

Tras confirmar que el ganado había sido sustraído de las comunas de Topo y Ugsha, sus autoridades solicitaron tratar el caso conforme al sistema de justicia indígena. La dirigencia de Caluquí asumió inicialmente el procedimiento en coordinación con los comuneros.

Posteriormente, el Pueblo Kayambi, como estructura representativa, formalizó la derivación del expediente mediante el oficio No. 236, entregando un archivo de 50 páginas al presidente de Topo, y a la presidenta de Ugsha.

“El Pueblo Kayambi hace una derivación… Reciben el presidente del Topo, y la presidenta de Ugsha. Ellos reciben y se entrega con un expediente de 50 hojas.”

Esta acción cerró la participación directa del Pueblo Kayambi en el tratamiento del caso.

Ángel Campués rechaza vínculo como asesor en el caso de abigeato

A raíz de la exposición mediática del caso, se mencionó al dirigente Ángel Campués, miembro del Consejo de Gobierno Pesillo – Imbabura, como supuesto asesor del Pueblo Kayambi en el proceso. Campués negó estas versiones y aclaró que su rol fue únicamente de apoyo comunitario, sin retribución ni contratación formal.

“Nunca he sido un asesor para que yo tenga que responder porque me han pagado o porque me han contratado.”

Agregó que su presencia se limitó a gestiones de acompañamiento debido a su vinculación organizativa con dirigentes comunales:

“Nosotros no hemos estado allí, no fuimos invitados. Mucho menos para redactar el acta, para tomar algún punto, algún criterio.”

También precisó que la Confederación del Pueblo Kayambi no participó en el juzgamiento ni resolvió el caso:

“La Confederación del Pueblo Kayambi no juzgó el caso. Solo facilitó la derivación entre comunidades, como lo establece la normativa interna.”

Además, recalcó que en muchas ocasiones, estos apoyos se hacen sin interés de lucro. Campués señala que se han trasladado a distintos sectores con sus propios recursos para apoyar justamente en este, y otros tipos de casos en las comunidades.

Reclamos ciudadanos por falta de acceso a la resolución comunitaria

Días después, algunos comuneros solicitaron información sobre la resolución emitida por las autoridades de Topo y Ugsha. Al no recibir respuesta, cuestionaron al Pueblo Kayambi. Campués aclaró que los documentos están en poder de las comunas que juzgaron el caso y recomendó usar los canales legales adecuados.

“Si los señores se sentían aludidos, no se sienten conformes, yo creo que debían haber determinado un profesional de derecho mediante acción de acceso a la información pública… no así al Pueblo Kayambi.”

Asimismo, subrayó que la documentación podría considerarse reservada según las normas comunitarias, por lo que su entrega no puede exigirse de forma directa.

“Pueden decir que es un documento reservado y simplemente no le hacen la entrega.”

Campués pide vigilancia comunitaria ante incremento del abigeato

En su mensaje final, Campués hizo un llamado a la organización comunitaria como herramienta clave frente al incremento del abigeato y otros delitos en zonas rurales. Advirtió que el delito persiste pese a las sanciones y procesos internos, por lo que instó a fortalecer los lazos entre vecinos y comunas.

“La mejor seguridad que podemos hacer es entre compañeros, entre vecinos, entre comunas, entre barrios, para hacer alarma sobre estos hechos que se dan a diario.”