El panorama institucional en el Municipio de Cayambe se torna complejo. La administración enfrenta una ola de críticas tras revelarse presuntos esquemas de «venta de cargos». A esto se suma una solicitud formal para revisar la designación de una autoridad educativa por antecedentes disciplinarios. La comunidad exige transparencia para proteger los derechos de los estudiantes y la integridad pública.
Escándalo por «Venta de Cargos»: De Rectorías a puestos administrativos
La Fiscalía ha recibido dos denuncias formales sobre una presunta red de tráfico de influencias. Estos son los casos principales han encendido las alarmas en el cantón.
Caso 1: El cargo de «Rectora» por 4.000 dólares
El primer caso detalla una estafa consumada que involucra a un exasesor de la alcaldía (Proceso fiscal No. 170201825120028). El hecho, que sucedió en 2024, fue denunciado el 12 de diciembre del 2025. Según la documentación oficial, el sospechoso Luis P., quien fue asesor del actual alcalde del cantón, Alberto Masapanta, habría solicitado 4.000 dólares a una ciudadana. Él prometió entregarle el nombramiento como Rectora de la Unidad Educativa Municipal.
La víctima habría entregado el dinero tras realizar un crédito bancario. Ella confió en la supuesta cercanía del implicado con las autoridades. Sin embargo, el nombramiento nunca se concretó y el exasesor no devolvió el dinero, tal como se refleja en la denuncia de carácter público.
Caso 2: Funcionaria vinculada a red de influencias
Un segundo caso salió a la luz el mismo 2024, e involucra a una funcionaria del GADIP de aquel momento. La modalidad se repitió a través de redes sociales. Allí ofrecían «gestionar» un puesto de trabajo genérico en el Municipio de Cayambe. Aseguraban tener «contactos directos» en Talento Humano.
- Septiembre 2024: La funcionaria, Rosa C., captó a una ciudadana y le solicitó 2.000 dólares para asegurar su ingreso.
- La transacción: La víctima realizó la transferencia bancaria por el monto total.
- Implicación de terceros: La funcionaria admitió que entregó la mitad del dinero ($1.000) a otro servidor municipal. Este devolvió su parte en dos depósitos en febrero de 2025 tras ser confrontado.
Al recibir advertencias sobre acciones legales, la funcionaria minimizó el proceso. Alegó influencias políticas directas con el círculo cercano del alcalde y aseguró que «la denuncia se archivaría».
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Cuestionan designación de Vicerrector en la Unidad Educativa Municipal
A este escenario de presuntas irregularidades administrativas se añade un conflicto pedagógico. Padres de familia han elevado una queja formal. Solicitan la remoción del Vicerrector de la Unidad Educativa Municipal, el Magíster César Q.
Antecedentes de noviembre de 2024
La Dirección Distrital de Educación 17D10 remitió documentación al Alcalde el pasado 10 de diciembre de 2025. El informe sustenta la petición de los padres. Este documento hace referencia a hechos de noviembre de 2024. Un proceso de resolución de conflictos determinó la afectación a una estudiante por el manejo inadecuado de información.
Las autoridades del plantel y las partes involucradas suscribieron actas en esa instancia. Acordaron medidas de reparación que incluyeron disculpas públicas. También cubrieron los gastos por atención psicológica externa para la alumna afectada que superaron los 300$. Esto cerró el proceso disciplinario interno.
La estudiante en cuestión es una de las que se encuentran involucradas en un caso de presunta agresión sexual en el que cinco personas, entre ellas cuatro docentes de la misma Unidad Educativa, son acusados de haber cometido este tipo de agresión contra dos estudiantes féminas del plantel.
Petición de las autoridades educativas
La queja se reactivó tras la reciente designación del docente como Vicerrector. Por ello, la Dirección Distrital de Educación solicitó al Municipio de Cayambe, como ente rector, que analice el caso.
La autoridad educativa insta al Cabildo a garantizar la idoneidad de las autoridades. El objetivo es que los designados no tengan procesos relacionados con hechos de violencia y así precautelar la integridad de la comunidad educativa.
Implicaciones Legales y Éticas
Las denuncias por estafa podrían configurarse como cohecho según el COIP. Por otro lado, el caso del sector educativo se centra en la ética administrativa. En ambos frentes, la ciudadanía exige transparencia y un pronunciamiento oficial.
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