Operativo “Caso Jaque” Desmantela Red de Corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador: Funcionarios detenidos y oficinas cerradas

La Fiscalía ejecutó este viernes 30 de enero un masivo operativo en tres provincias de Ecuador, revelando una red de delincuencia organizada dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Las oficinas de la ANT permanecerán cerradas por 30 días mientras avanzan las investigaciones.

En un total de 23 allanamientos realizados en oficinas y viviendas de funcionarios de la ANT, la Fiscalía y la Policía lograron incautar una serie de objetos comprometedores, incluyendo teléfonos celulares, documentación, licencias de conducir, dispositivos de almacenamiento, joyas y grandes cantidades de dinero en efectivo. Entre los detenidos figuran altos cargos de la entidad, como el director nacional de la ANT, junto con otros servidores involucrados en este entramado de corrupción.

Los Detalles del “Caso Jaque”

El operativo se desarrolló en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, y responde a una investigación que comenzó en julio de 2025. En sus declaraciones, la Fiscalía detalló que los funcionarios de la ANT habrían estado solicitando pagos ilegales a ciudadanos a cambio de facilitar trámites como la obtención de licencias de conducir y el asignamiento de frecuencias.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la estructura criminal operaba desde los niveles más altos hasta los mandos inferiores de la ANT. «El alcance de esta red de corrupción abarca toda la agencia, desde la dirección hasta los empleados de menor rango», afirmó Reimberg. Además, las autoridades sospechan que otras entidades vinculadas a la ANT, como las escuelas de conducción, podrían estar implicadas en esta red de tráfico de favores y pagos ilícitos.

Como parte de las medidas tomadas para garantizar la integridad del proceso investigativo, el ministro del Interior anunció el cierre de todas las oficinas de la ANT durante un período de 30 días. Este plazo tiene como objetivo permitir la depuración interna de la institución y dar espacio para continuar con la investigación que, según las autoridades, podría revelar a más personas involucradas en esta red criminal.

Este caso no solo resalta la vulnerabilidad de las instituciones en Ecuador ante el crimen organizado, sino que también subraya la necesidad urgente de reformas en los procesos de control y fiscalización para evitar que este tipo de delitos sigan afectando a la ciudadanía.