Gremio del transporte pesado en Carchi rechaza medidas del Gobierno y exige derogatoria de la tasa de seguridad

El malestar en el sector del transporte pesado de la provincia del Carchi se agudiza tras el fracaso de las recientes mesas de diálogo mantenidas en la Gobernación. Los representantes gremiales calificaron de «insuficientes» las propuestas del Ejecutivo y ratificaron su exigencia única: la derogatoria inmediata de la denominada «tasa de seguridad».

Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, cuestionó la falta de sustento técnico en la imposición de este gravamen. Según el dirigente, el discurso oficial no ofrece alternativas reales al perjuicio económico que sufren los transportistas y la ciudadanía, señalando que la medida fue adoptada sin un análisis previo de impacto social.

Por su parte, el sector productivo representado por Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señaló que las autoridades se han limitado a justificar la medida arancelaria. Aunque el Gobierno propone la creación de un Polo de Desarrollo Fronterizo como compensación, los gremios consideran que se trata de una solución a largo plazo que no resuelve la crisis operativa inmediata.

Contexto de la crisis binacional

El conflicto se originó en enero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa impuso una sobretasa del 30% a las importaciones colombianas, argumentando la falta de reciprocidad de Bogotá en el control fronterizo contra el crimen organizado. La escalada de tensiones llevó a que, desde este mes de marzo, el arancel se elevara al 50%. En respuesta, Colombia ha aplicado medidas recíprocas y ha elevado una queja ante la Comunidad Andina (CAN), lo que sitúa al transporte binacional en un punto de paralización técnica.

Pese a que el Viceministro de Gobierno, Cristian Mora, anunció el refuerzo de patrullajes en rutas críticas y la habilitación de playas de descanso seguras, el gremio del Carchi mantiene su postura de rechazo mientras la tasa del 50% permanezca vigente.