Trece nuevos legisladores ecuatorianos declaran patrimonios superiores al millón de dólares

Las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría revelan una Asamblea marcada por profundas diferencias económicas entre sus miembros, ya que existen legisladores con patrimonios de mas de USD 1 millón mientras que otros con números en rojo.

Los 151 asambleístas que asumieron funciones el pasado 14 de abril presentaron sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General del Estado, como parte de los requisitos previos para ejercer sus cargos. Los documentos evidencian marcadas diferencias económicas entre los legisladores: mientras 13 reportan patrimonios superiores al millón de dólares, otros enfrentan significativas deudas.

Según una revisión de Primicias, algunos asambleístas entregaron hasta tres versiones de sus declaraciones; en estos casos, se consideró la más reciente. El análisis muestra que las situaciones financieras dentro del Legislativo son diversas: nueve legisladores tienen patrimonios en negativo, es decir, sus deudas superan a sus activos, y uno reportó un patrimonio en cero, sin bienes ni pasivos registrados.

Entre los legisladores con mayor fortuna figura Eduardo Mendoza, representante de Los Ríos por el movimiento ADN. Mendoza, quien ya fue asambleísta en el periodo anterior, declaró este año un patrimonio de USD 30,8 millones. Aunque sigue siendo el más alto entre sus colegas, representa una reducción significativa respecto a los USD 60 millones que declaró en 2023, lo cual sugiere la venta de varios vehículos y activos.

Le sigue Manuel Blacio, legislador por El Oro y también miembro de ADN, con un patrimonio millonario. Blacio es un empresario bananero de amplia trayectoria y padre del actual gobernador provincial, Jimmy Blacio.

En tercer lugar se encuentra Annabella Azín, asambleísta nacional por ADN, madre del presidente Daniel Noboa y esposa del empresario Álvaro Noboa. Azín reportó un patrimonio de USD 10,1 millones, sin ninguna deuda.

Las declaraciones patrimoniales, además de ser un requisito legal, ofrecen un primer vistazo al perfil económico de quienes integran el nuevo periodo legislativo. La amplia disparidad entre quienes poseen fortunas personales y quienes arrastran deudas marca un contraste llamativo en la nueva Asamblea Nacional.