Los transportistas y dirigentes provinciales de Pichincha hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional esta semana para instalar nuevas mesas técnicas de diálogo. Ante la inminente finalización de las compensaciones estatales acordadas en 2025 por la eliminación del subsidio al diésel, el gremio advierte que abril de 2026 es su último mes de respiro financiero y temen que la operatividad del servicio colapse en mayo.
El reloj corre: Las compensaciones terminan en abril
Si bien el Ejecutivo firmó a finales de marzo el Decreto 352, que ajustó los plazos de compensación económica para el sector, el tiempo límite para los transportistas urbanos está por cumplirse. Luis Haro, vocero del transporte municipal y representante de la cooperativa Catar, aclaró el panorama: “Tenemos este tiempo para sobrevivir, pero en mayo ya no habrá este apoyo”, señaló el dirigente.
El sector arrastra un grave déficit de aproximadamente 40 centavos por kilómetro recorrido. A esto se suma que, en esta segunda semana de abril de 2026, los informes técnicos han situado la brecha del subsidio al diésel premium en USD 1,60 por galón debido a los costos de importación. Mientras el precio logístico sigue elevado, la compensación estatal se calcula sobre un tope de 700 galones mensuales, dejando un desfase económico frente a los 800 a 1.000 galones que realmente consume cada unidad.
Propuestas al Municipio y al Gobierno central
Frente a la crisis que se avecina en menos de 15 días, los transportistas exigen al Gobierno que extienda el periodo de compensación por al menos cuatro meses adicionales. Este tiempo serviría como un puente de transición mientras el Municipio de Quito logra consolidar e implementar el anhelado modelo de pago por kilómetro recorrido, una medida técnica vital para equilibrar las finanzas del transporte local.
Pichincha rechaza la inflación y exige seguridad
La preocupación urbana cuenta con el respaldo absoluto a nivel provincial. Carlos Brunis, representante de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, recordó que las medidas tomadas desde septiembre de 2025 han encarecido toda la cadena operativa.
“La compensación apenas cubre el combustible, pero no el resto de costos”, denunció Brunis, refiriéndose a la canasta de repuestos e insumos. El dirigente ejemplificó la gravedad de la situación: si antes una unidad realizaba 10 vueltas, con la iliquidez actual podrían reducirse a cuatro o cinco, mermando drásticamente el servicio a la ciudadanía.
Las extorsiones agravan la crisis del gremio
Al factor netamente económico se suma una ola de delincuencia insostenible. Brunis denunció que los conductores y usuarios son víctimas constantes de asaltos armados y extorsiones. “Hemos pedido mesas de trabajo también para garantizar la seguridad, pero no hemos sido atendidos”, lamentó.
Además, cuestionó la falta de control a la informalidad y a las plataformas digitales para taxis, un vacío derivado de la falta de reglamento para la Ley de Transporte Terrestre desde 2021.
Diálogo como prioridad, sin descartar asambleas
A diferencia del tenso ambiente de paralizaciones vivido el año pasado, los transportistas de Quito descartaron una suspensión inmediata del servicio. Sin embargo, Brunis fue claro en que se declaran en «asambleas permanentes».
“Esto no es una medida de presión, es una situación de desesperación por parte de nuestros compañeros y sus familias”, enfatizó. El sector espera concretar un acercamiento oficial con las autoridades en los próximos días para definir el futuro del transporte capitalino en mayo, sin descartar una futura marcha pacífica por la paz y la seguridad vial.
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